Detenido en Japón solo por recibir una tarjeta bancaria｜qué se investiga en realidad detrás del cargo por no portar la tarjeta de residencia, y por qué conviene guardar silencio

“Solo fui a recoger un sobre porque me lo pidió un conocido.” “Encontré en una aplicación un trabajo bien pagado, me entregaron una tarjeta y únicamente saqué el dinero del cajero automático.” Con esa idea en la cabeza hay hoy, en distintas ciudades de Japón, extranjeros detenidos que enfrentan el proceso penal japonés. Aunque la orden de detención mencione una infracción menor, como no portar la tarjeta de residencia (zairyu card), lo que la policía busca esclarecer suele ser algo mucho más grave: los delitos de estafa y de hurto. Este artículo está dirigido a las personas cuya lengua materna no es el japonés y a sus familias, y ordena, conforme a los artículos de la ley y a las resoluciones de los tribunales, qué ocurre en los primeros días y qué debe hacerse en ese momento.

Puntos principales de este artículo

• Quien solo recibe la tarjeta bancaria o el efectivo (el llamado uke-ko) y quien solo retira el dinero en el cajero automático (el llamado dashi-ko) responden como coautores del delito de estafa (artículo 246, párrafo 1, del Código Penal japonés, pena de prisión de hasta 10 años), aun cuando el dinero no haya quedado en sus manos.
• La modalidad en la que alguien se hace pasar por policía o por empleado bancario, recibe la tarjeta de una persona mayor y cambia el sobre completo no se trata como estafa, sino como hurto (artículo 235 del Código Penal).
• La defensa de que no se sabía que se trataba de una estafa suele ser rechazada: conforme al criterio fijado por la Corte Suprema en sus sentencias del 11 de diciembre de 2018 y del 14 del mismo mes, el dolo se infiere a partir de lo anómalo de la situación que la persona percibía.
• Aun cuando la detención se produzca antes de recibir la tarjeta, en grado de tentativa, el delito existe, y la atenuación de la pena por tentativa es meramente facultativa (artículo 43, primera parte, del Código Penal). Según un estudio del Ministerio de Justicia, más del 50 por ciento recibe pena de prisión efectiva.
• Si queda firme una condena a pena de prisión superior a 1 año sin suspensión, se configura la causal de expulsión del artículo 24, numeral 4, letra ri, de la Ley de Inmigración, y se pierde la base misma de la vida en Japón. Por eso resulta decisiva la defensa orientada a obtener el archivo de la causa antes de la acusación formal.

Solo no llevaba encima la tarjeta de residencia. ¿Por qué me detuvieron?

Portar la tarjeta de residencia es una obligación establecida en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley de Inmigración, y su incumplimiento se sanciona con multa de hasta 200.000 yenes (artículo 75-3 de la misma ley). El incumplimiento del deber de portar el pasaporte se limita a una multa de hasta 100.000 yenes (artículo 23, párrafo 1, y artículo 76, numeral 1). Los menores de 16 años no tienen ese deber (artículo 23, párrafo 5). Todas son infracciones leves, sin pena privativa de libertad.

Aun así, la detención y la prisión preventiva son jurídicamente posibles. La parte final del artículo 199, párrafo 1, del Código Procesal Penal restringe los requisitos de la detención en infracciones castigadas con multas de escasa cuantía, pero ese monto de referencia, tratándose de delitos previstos en leyes distintas del Código Penal, como la Ley de Inmigración, es por ahora de 20.000 yenes. La falta de la tarjeta de residencia, sancionada con multa de hasta 200.000 yenes, no queda comprendida en esa limitación. Desde el punto de vista legal, es una infracción que admite detención y prisión preventiva con normalidad.

El verdadero problema está en el contenido de los interrogatorios que se realizan durante ese periodo de privación de libertad. Cuando el control policial se originó en una imagen de la cámara de seguridad del cajero automático o en el testimonio de un vecino cerca del domicilio de la víctima, lo que la policía tiene en la mira desde el inicio son la estafa y el hurto. Asegurar a la persona por una infracción menor, aprovechar el plazo de la prisión preventiva para consolidar el caso principal y, cerca del vencimiento, volver a detenerla por estafa: esa secuencia no es nada extraña en las investigaciones contra quienes ejecutan las estafas telefónicas organizadas. Que el delito indicado en la orden sea leve no significa que el caso lo sea.

Solo recibí, solo retiré dinero. ¿Aun así es delito?

Sí. La estafa es un delito que se contempla como una cadena completa: el engaño, el error de la víctima, la entrega del bien y el traspaso patrimonial. Quien asume una de esas funciones responde, por el artículo 60 del Código Penal, como coautor de todo el conjunto. Quien hace la llamada, quien recibe el sobre en la puerta de la casa y quien retira el efectivo del cajero son, en términos jurídicos, autores por igual. Aunque la retribución haya sido de unas decenas de miles de yenes, si el perjuicio fue de varios millones, la persona es tratada como autora de una estafa por ese monto.

El tipo penal cambia según la modalidad. Cuando se engaña a la víctima para que ella misma entregue la tarjeta, hay estafa. En cambio, cuando alguien se hace pasar por policía o por empleado de una entidad financiera, le indica a la víctima que guarde la tarjeta dentro de un sobre y, aprovechando el instante en que ella se aleja a buscar su sello personal, cambia el sobre por otro con una tarjeta falsa, no existe entrega basada en la voluntad de la víctima, y el hecho constituye hurto (pena de prisión de hasta 10 años o multa de hasta 500.000 yenes).

Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Policía, de las 2.274 personas detenidas por estafas telefónicas organizadas en 2024, 1.651, es decir el 72,6 por ciento, cumplían las funciones de recibir, retirar dinero o vigilar. Quienes caen detenidos son precisamente los eslabones finales. Ese mismo año se detuvo a 130 extranjeros: por nacionalidad, 39 chinos y 32 vietnamitas.

¿Sirve explicar que no sabía que era una estafa?

Este es el punto que más se malinterpreta. Para acreditar el dolo no hace falta que el acusado diga que sabía; el dolo se infiere de las circunstancias en las que se encontraba.

En su sentencia del 11 de diciembre de 2018 (Keishu, tomo 72, número 6, página 672), la Corte Suprema examinó el caso de quien, usando la identidad de otra persona, recibía paquetes en un departamento vacío y los dejaba en el baño de una estación, repitiendo la tarea por una retribución de 10.000 yenes. La Corte resolvió que, con independencia de que esa modalidad fuera o no ampliamente conocida por la prensa, a partir de los hechos que el acusado percibía cabía inferir que era consciente de la posibilidad de estar participando en una estafa. El acusado alegó que creía que se trataba de un arma o de drogas, pero la alegación fue desestimada porque ni siquiera había verificado el contenido y nada indicaba que se hubiera descartado esa consciencia de la posibilidad de fraude. La sentencia del 14 del mismo mes (mismo tomo y número, página 737) siguió idéntico criterio.

Presentar una identificación falsa para recibir un paquete, operar el cajero con una tarjeta a nombre de otra persona, recibir instrucciones únicamente por aplicaciones de mensajería que se autodestruyen, cobrar una suma desproporcionada respecto del esfuerzo: basta con que una sola de esas circunstancias quede asentada en la declaración para que la tesis del desconocimiento resulte muy difícil de sostener. Lo que se diga, y cómo se diga, en los primeros interrogatorios determina la apreciación del dolo.

Como quedó en tentativa, ¿la sanción será leve?

No necesariamente. La tentativa de estafa se castiga conforme al artículo 250 del Código Penal, y la atenuación de la pena por tentativa está prevista como una facultad del juez, no como un deber (artículo 43, primera parte, del Código Penal).

El comienzo de ejecución también se reconoce en una etapa más temprana de lo que se suele imaginar. En su resolución del 14 de febrero de 2022 (Keishu, tomo 76, número 2, página 101), la Corte Suprema analizó el caso en que, después de que el encargado de la llamada mintiera a la víctima, el encargado del cambio de sobre desistió al advertir la presencia policial a unos 140 metros del domicilio. La Corte consideró que, sumando el hecho de que la mentira ya había creado una situación apta para que la víctima siguiera las instrucciones y el hecho de que el agente había llegado hasta las inmediaciones de la vivienda, el peligro para la posesión resultaba evidente, y reconoció la tentativa de hurto. La tentativa se configura incluso sin haber llegado a tocar la tarjeta.

Lo mismo ocurre con quien se suma después del llamado operativo de fingir haber caído en el engaño, en el que la policía, con la colaboración de la víctima, espera preparada. En su resolución del 11 de diciembre de 2017 (Keishu, tomo 71, número 10, página 535), la Corte Suprema reconoció la responsabilidad como coautor de tentativa de estafa de quien participó en la recepción del paquete sin saber que la mentira ya había sido descubierta.

Queda además la determinación de la pena. Conforme al estudio de expedientes firmes realizado por el Ministerio de Justicia, entre quienes ejecutaron estafas telefónicas organizadas recibiendo tarjetas o retirando dinero, la proporción de personas condenadas a prisión sin ninguna suspensión asciende al 54,9 por ciento. La suspensión total de la pena es posible cuando la condena no supera los 3 años de prisión (artículo 25, párrafo 1, del Código Penal), pero la participación en un delito organizado, la magnitud del perjuicio y la dificultad de reparar a las víctimas se acumulan, y existe un número considerable de casos de prisión efectiva incluso para quienes delinquen por primera vez. Es peligroso pensar que se podrá permanecer en Japón por el solo hecho de que hubo tentativa o de que era la primera vez.

Si me condenan, ¿qué pasa con mi visa?

El artículo 24, numeral 4, letra ri, de la Ley de Inmigración establece como causal de expulsión haber sido condenado a prisión perpetua o a pena de prisión superior a 1 año (quedan excluidos los casos en que la pena fue suspendida en su totalidad). Las penas impuestas a quienes ejecutan estas estafas superan con frecuencia 1 año y, una vez firme la condena sin suspensión, la causal se aplica de forma directa.

Aun cuando no se llegue a la expulsión, subsisten los riesgos de que se deniegue la renovación del periodo de estadía (artículo 21 de la Ley de Inmigración) o de que se revoque el estatus de residencia (artículo 22-4). Un estudiante puede ser dado de baja en su institución; quien tiene una visa de trabajo puede ver terminado su contrato laboral y perder el fundamento mismo de su estatus.

Por eso, el objetivo en un caso penal que involucra a un extranjero no es obtener una condena con suspensión de la pena. Es lograr el archivo de la causa antes de la acusación formal. Se trata de mostrar al fiscal, con documentación concreta, cómo se produjo la participación, cuál era la posición dentro de la organización, cuál fue el grado de intervención en el engaño y qué esfuerzos de reparación se realizaron, para pedir que no se ejerza la acción penal. Esas pocas semanas previas a la acusación definen en qué país transcurrirá el resto de la vida de la persona.

Tres cosas que se pueden hacer ahora mismo

Primero, ejercer el derecho a guardar silencio. En los interrogatorios japoneses, lo que se dice queda recogido en una declaración redactada por el propio investigador y, una vez firmada, se convierte en prueba de peso en el juicio posterior. Siempre existe el riesgo de que una sola frase dicha para explicar la buena fe quede registrada como confesión de un hecho del que se infiere el dolo. Lo más seguro es no decir nada hasta definir la estrategia junto con el abogado.

Segundo, designar abogado. Si la detención acaba de producirse, puede solicitarse el abogado de turno (toban bengoshi); si se desea compartir la estrategia de manera continua, se contrata un abogado particular (shisen bengonin). En cualquier caso, hay que llamarlo dentro de las primeras 72 horas. La posibilidad de impedir la prisión preventiva se juega en el trabajo de ese lapso.

Tercero, el intérprete. El intérprete que provee el órgano investigador actúa del lado de ese órgano, y una pequeña desviación en la traducción puede quedar fijada de manera desfavorable en la declaración. Además, el artículo 36, párrafo 1, letra (b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce a la persona extranjera detenida el derecho a solicitar la comunicación y la visita del consulado de su país, pero se observan casos en que esa notificación se demora. Ahí radica el sentido de que la defensa asegure su propio intérprete.

Sobre nuestro estudio jurídico

El abogado Daisuke Matsumura, del Estudio Jurídico Internacional Funado (barrio de Toshima, Tokio), colegiado en el Colegio de Abogados Dai-ichi Tokyo (número de registro 59077, colegiado en 2019), se dedica principalmente a la defensa penal de personas extranjeras, con especial atención a clientes de nacionalidad china, y a los trámites migratorios.

En el ámbito de las estafas telefónicas organizadas, puede mencionarse el caso de una mujer de alrededor de 20 años señalada por haber participado en los retiros de dinero en cajeros automáticos: la defensa sostuvo de manera conjunta el contexto de engaño y de amenaza proveniente de quien impartía las instrucciones y la ausencia de intención delictiva, y se obtuvo el archivo de la causa. También está el caso de una persona detenida en repetidas ocasiones por su función de recepción de tarjetas, en el que una actuación rigurosa frente a los interrogatorios y las sucesivas protestas contra interrogatorios indebidos permitieron obtener el archivo de todas las causas.

El estudio acompaña asimismo, de forma continua, los trámites migratorios posteriores al proceso penal. En el caso de una mujer acusada del delito de favorecimiento del trabajo ilegal y en riesgo de expulsión, se interpuso una demanda que cuestionaba el alcance del principio de culpabilidad frente a la práctica tradicional según la cual la configuración de la causal de expulsión no exigiría dolo ni culpa; el asunto se litigó hasta la instancia de apelación y, con posterioridad, se reconoció el permiso especial de permanencia. La idea de que discutir el dolo y la culpa ya desde la etapa penal constituye la base de la argumentación en el trámite migratorio posterior es, además, una cuestión que el estudio sostiene en procesos actualmente en curso.

Desde la primera visita en el centro de detención hasta el cierre del juicio oral, todas las etapas son atendidas directamente por el abogado Daisuke Matsumura. El estudio cuenta con intérprete exclusivo y permanente de idioma chino, con experiencia en casos de personas extranjeras; para los demás idiomas, gestionamos intérprete según las necesidades de cada caso. La renovación o el cambio del estatus de residencia una vez concluido el proceso penal se atienden de manera integral junto con el gestor administrativo asociado (gyoseishoshi).

Los casos mencionados responden a circunstancias individuales y no constituyen garantía de un resultado similar.

Para terminar

La mayoría de las personas detenidas como receptoras de tarjetas o como retiradoras de dinero desconocía la estructura completa de la organización y solo recibía instrucciones, por una aplicación de mensajería, de alguien de quien no sabía ni el nombre ni el rostro. Sin embargo, la ley penal japonesa hace recaer sobre esa pequeña parte del reparto de funciones la responsabilidad por el conjunto. No se confíe porque el delito indicado en la orden de detención sea leve: llame a un abogado antes de someterse al interrogatorio. Hay casos, con certeza, en los que una reacción inicial adecuada abre el camino.

Este artículo es una explicación de carácter general. Para situaciones concretas, consulte directamente con un abogado.

Este artículo se basa en información vigente a septiembre de 2026.

Preguntas frecuentes

Q. ¿Puedo comunicarme con mi familiar detenido?

A. Cuando se ha decretado la prisión preventiva con prohibición de visitas y comunicaciones, quedan restringidos los encuentros y el intercambio de cartas con la familia. El abogado, en cambio, puede entrevistarse con la persona sin esa restricción, de modo que la vía realista es conocer la situación a través de él y transmitirla a la familia. También cabe presentar una solicitud para levantar parcialmente la prohibición de visitas.

Q. ¿Hay delito aunque no haya recibido ningún pago?

A. Sí. La configuración de la estafa o del hurto no exige que quien cumplió la función haya recibido una retribución. La existencia y el monto del pago se consideran únicamente como una circunstancia más al momento de determinar la pena.

Q. Si devuelvo el dinero a la víctima, ¿se archiva la causa?

A. La reparación del daño y el acuerdo con la víctima son circunstancias importantes para pedir el archivo, pero no deciden por sí solas el resultado. En las estafas telefónicas organizadas las víctimas suelen ser numerosas y el dinero, por lo general, ya pasó a la organización y no está en manos de la persona detenida, de modo que la posibilidad y la forma de la reparación exigen un examen cuidadoso en cada caso.

Q. ¿No basta con regresar a mi país?

A. Mientras la persona está detenida o en prisión preventiva no puede salir de Japón. E incluso si es liberada, si finalmente es enviada a su país tras el procedimiento de expulsión, se genera por regla general un periodo de prohibición de ingreso de 5 o de 10 años, lo que dificulta durante mucho tiempo un nuevo viaje a Japón. También en esto radica la importancia de cambiar el resultado mientras el asunto se encuentra en la etapa penal.

Autor

Daisuke Matsumura (松村 大介) / abogado

Colegiado en el Colegio de Abogados Dai-ichi Tokyo (número de registro: 59077 / colegiado en 2019)

Estudio Jurídico Internacional Funado (Toshima-ku, Tokio, Takada 3-4-10, Edificio Fuse, cuerpo principal, 3.er piso)

Se dedica principalmente a la defensa penal de personas extranjeras y a los trámites migratorios, con foco en clientes de nacionalidad china. Entre sus resultados figuran una sentencia absolutoria en un proceso por infracción a la Ley de Control de Estimulantes (posesión con fines de lucro), el archivo de causas por estafas telefónicas organizadas y la obtención del permiso especial de permanencia en supuestos considerados difíciles.

Estudio Jurídico Internacional Funado

Sitio web: https://matsumura-lawoffice.jp/

WeChat ID: matsumura1119

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